Como sabemos, todas las autoridades locales, Gobiernos Regionales y Municipalidades, han iniciado una nueva gestión a partir del 2 de enero de este año, luego de haber sido elegidos por voto popular; sin embargo, vemos que muchas o casi todas, se han rodeado de personajes con trayectoria en esas gestiones, sujetos prontuariados, muchos de ellos procesados, investigados, enjuiciados y hasta con antecedentes carcelarios que en la oscuridad vienen manejando los gobiernos regionales y locales.
En varios municipios hemos detectado que se han nombrado en puestos claves a exalcaldes, exfuncionarios, gente vinculada a gestiones anteriores y/o de otros distritos. Esos personajes han iniciado la gestión apuntando contra los empresarios del sector privado, como alguien dijo alguna vez “creando la enfermedad, para vender la cura”. Consideramos que en esta parte la Contraloría General de Republica tiene que tomar acciones inmediatas.
Todos los días vemos que los municipios han empezado campañas de clausura contra diversas actividades comerciales, sin importar las grandes inversiones económicas, y menos la cantidad de trabajadores que dependen de esas actividades, inventado presuntos riesgos o presuntas infracciones. Y, sin dar la oportunidad de presentar descargos o defenderse, de inmediato ordenan el cierre de los negocios, desplegando cantidades de miembros de serenazgo, funcionarios y hasta personas desconocidas, utilizando el apoyo de la Policía Nacional, proceden con energía al cierre de los locales, dejan en las puertas cantidades de policías municipales, vehículos y hasta instalan paredes de concreto.
Notamos en este actuar una enorme distracción del dinero de los ciudadanos en estas acciones, a sabiendas que esos negocios van a funcionar en algún momento; es decir, ellos mismos van a autorizar su funcionamiento. Entonces, podemos presumir de que trataría de intereses oscuros. Hace unos días hemos vistos cómo el Poder Judicial, acertadamente, ha dictado una medida cautelar en un Proceso de Amparo contra la Municipalidad de Surco, que había clausurado arbitrariamente a la Asociación Cultural del Caballo de Paso Peruano, atentando contra el patrimonio cultural del Perú; lo peor de todo, atentando contra la vida de los caballos que allí se encuentran, pese a que este establecimiento contaba con toda la documentación y autorizaciones en orden y al día, local cultural que es denominado destino turístico y calificado como restaurante 5 tenedores.
No solo hemos visto el cierre de locales, sino de conciertos donde existente enormes inversiones económicas ya pagadas, en lugares donde siempre se han realizado estas actividades, y sin que haya existido peligro alguno para los asistentes; sin embargo, la nueva gestión inicia su periodo justamente cerrando esos negocios, que con toda seguridad en unos días autorizarán su funcionamiento “¿qué tendrán que hacer los empresarios?, ya nos imaginamos”.
Consideramos acertada la intervención del Poder Judicial para cautelar los derechos constitucionales, a la inversión privada, al derecho al trabajo, al trato igualitario, al derecho a la defensa, etc., derechos que la Constitución protege. Hacemos un llamado a la Contraloría General de la República, a fin de que investigue y denuncie estas actuaciones ilegales y se revise el nombramiento de funcionarios descalificados para cargos importantes. Nuestro staff de abogados siempre a la vanguardia de nuestra legislación garantiza los derechos y el éxito en los procesos de nuestros patrocinados. Con gusto a nuestros lectores de LA NOTICIA los atenderemos previa cita al 4713246, al correo electrónico jgago80@gmail.com, o la página web www.gagoabogados.com
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