El Congreso ha vuelto a ser objetivo de la guerra de desinformación lanzada por la izquierda para distraernos de los principales problemas políticos del país.
El pretexto ha sido el pago de alimentos en días de sesión plenaria una vez a la semana. Y el escándalo ha consistido en que cuesta demasiado el buffet. Pero la verdad es que se trata de un derecho adquirido por los parlamentarios y los periodistas que hacen cobertura desde hace más de cuarenta años, con lo cual no hay nada nuevo. Mucho menos cuando el costo total del Legislativo no llega ni al uno por ciento del presupuesto nacional de la República.
Sin embargo, los bisoños congresistas han caído en la celada. Varios han hecho declaraciones necias, cuando lo decente y empático habría sido llegar a un acuerdo para renunciar a este derecho superficial, en un país de crisis terminal donde la enorme mayoría de trabajadores públicos y privados pagan su comida diariamente. Los gestos cuentan mucho sobre todo en una situación política tan crispada como la que está en curso.
Pero, descubierto el escandalete, lo medular es concentrarnos en el gran destape de la semana: el Estado ha estado pagando 728 millones de soles por asesorías injustificadas solo en el Ministerio de Educación, tal como ha denunciado el actual y valiente ministro Óscar Becerra.
El mecanismo era impresionante: el gobierno convocaba asesorías y consultorías, en su enorme mayoría truchas, por las cuales pagaba enormes sumas para mantener a sus amigos, familiares y partidarios. Y el común denominador de los estafadores es que eran caviares enquistados en el aparato público desde el año 2000.
Así, los caviares, seres despreciables que lucran del tesoro público por la puerta falsa, han robado el dinero del público y creado un estado paralelo totalmente inservible y, sobre todo, desregulado porque sus análisis y asesorías, muchas veces consistentes en un par de hojas inservibles, no pasaban por revisión de la contraloría. El caso más llamativo es el de la Sunedu, controlada hasta la semana pasada por el partido Morado; pero hay que escarbar un poco en otros sectores como Economía, Salud y Transportes, porque las proyecciones apuntan a que cada año el Perú pierde unos 24 mil millones de soles precisamente en mantener a estos vagos miserables.
Poner orden al estado es fundamental no solo para impedir la estafa y romper la argolla caviar, sino también para recortar una burocracia pública, inútil e hiper costosa. Y es que el problema no solo está en los ministerios: Rafael López Aliaga ya ha hecho un estimado de que solo en el Municipio de Lima ha encontrado alrededor de 10 mil empleados fantasmas, en los cuales se va el presupuesto a manera de gastos mientras no hay dinero para la inversión en proyectos para la ciudad.
Si replicamos el caso a nivel de las 25 regiones, 196 municipalidades provinciales, 1 mil 678 municipalidades distritales y 2 mil 740 municipalidades de centros poblados, fácilmente podemos inferir que el Perú es una república plagada de parásitos que deben ser fumigados, tanto por razones económicas cuanto por criterios políticos y para lograr que el elefante blanco del estado camine. En esta perspectiva, más allá de lo simbólico, preocuparnos de si los parlamentarios comen alfalfa o pavo, la verdad es que resulta irrelevante.
(*) Analista Político
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