El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se salvó de una segura sentencia por el delito de estafa y falsedad genérica, al acogerse a una ley de prescripción de procesos judiciales, por la que él mismo votó para su aprobación.
El 11 de mayo de este año, el Congreso dio luz verde por mayoría a una ley que ordena acortar a un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para todos los procesos penales.
En ese momento nadie sospechó sobre quiénes serían los beneficiados con la iniciativa legislativa que fue publicada el 25 de mayo.
Pocas semanas después, el 21 de julio, el juez titular del Tercer Juzgado Penal del Cusco, Carlos Román Gil, convocó a la defensa de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu para resolver dos denuncias penales que interpuso contra el congresista Alejandro Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica.
El 11 de abril del 2012, el ahora presidente del Congreso compró un terreno de 640 metros cuadrados a las comunidades campesinas de Ayamarca y Pumamarca, del distrito de San Sebastián, Cusco, por un monto de US$5.000.
Ocho meses después vendió el predio a la empresa donde trabajaba por US$250.000, lo que representaba un incremento de 5.000%.
