Mientras Pablo Sánchez deshoja margaritas respecto a si ejerce su función como fiscal de la Nación, para investigar al presidente Pedro Castillo, este último ya viene perdiendo los reclamos constitucionales que presentó para impedir que lo procesen por diversas acusaciones.
Un juzgado declaró improcedente su hábeas corpus contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, y otro aceptó uno en su contra, por el decreto con el cual ordenó que todos los habitantes de Lima y Callao se encierren en sus casas el martes pasado.
Eduardo Pachas, abogado del mandatario, había solicitado que todo el trámite en el Parlamento se paralice, porque se habría violado el derecho a la libertad individual, al debido proceso, a la presunción de inocencia, etc., al admitir la denuncia de traición a la patria, por sus declaraciones públicas a favor de darle mar peruano a Bolivia.
Sin embargo, el juez Fidel Torres Tasso -primo de Ollanta Humala– consideró que el trámite en el primer poder del Estado se había dado «en el marco de las funciones de control político establecidas en la Constitución Política del Estado para el Poder Legislativo y respeto a los parámetros que se adecúan al control político de los que importan al interés público».
De esta manera, el informe de la subcomisión que recomienda proceder con la investigación quedó firme en la agenda de la Comisión Permanente que sesiona hoy, desde las once de la mañana.
Fuente: Diario Expreso
