Contraloría detecta a personas fallecidas como beneficiarios de canastas básicas familiares
Hechos se registraron en los distritos de San Juan de Salinas, Coata, Orurillo y Desaguadero
La Contraloría General de la República identificó que se incluyeron a ocho personas fallecidas como beneficiarios de la entrega de canastas básicas familiares en cuatro distritos de la región: San Juan de Salinas (5), Coata (1), Orurillo (1) y Desaguadero (1), lo que afectó la transparencia y eficacia de la distribución de alimentos a los hogares vulnerables durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
Esta situación fue advertida luego de comparar el registro de las entidades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” con la base de datos del RENIEC y con la información contenida en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) evidenciándose que, cuatro municipalidades distritales registraron como beneficiarios a personas que tienen condición de fallecido.
Tal es el caso que en los distritos de San Juan de Salinas, Coata, Orurillo y Desaguadero, donde se detectaron a ocho personas fallecidas, hechos que fueron evidenciados y expuestos en los Informes de Acción de Oficio Posterior N° 5223; 3608, 3607 y 3606-2021-CG/SADEN-AOP. A ello se suma que en la información registrada en la plataforma de la Contraloría no se adjuntaron los registros y el “Acta de entrega” respectivas, lo que generó incertidumbre respecto a su entrega efectiva.
Asimismo, se corroboró que la fecha de fallecimiento de los beneficiarios fue anterior a la entrega de la canasta básica familiar, evidenciándose que las Municipalidades Distritales no cumplieron con su responsabilidad exclusiva de realizar una adecuada identificación y priorización de los hogares vulnerables.
En ese sentido, las situaciones adversas identificadas en los informes de control fueron comunicadas a los titulares de los gobiernos locales con la finalidad de que dispongan medidas destinadas a lograr una eficiente gestión como integrantes del Sistema Nacional de Focalización, dirigida al correcto uso de los recursos públicos en el marco de la política social del Estado
