En el 2021, las pérdidas por corrupción fueron de más de 24 mil millones de soles, mientras que en el 2022 el monto por el mismo concepto pasó de los 25 mil millones, según la Contraloría General de la República. Eso significa que el año pasado la corrupción aumentó en aproximadamente mil millones, lo que no es poca cosa, pues con ese dinero se pudieron construir muchos colegios y hospitales. ¿Y quién fue el presidente en Perú el año pasado? Nada más y nada menos que Pedro Castillo, el profesor que prometía “no más pobres en un país rico” y luchar contra los corruptos.
El propio contralor Nelson Shack señala que el año pasado se ha encontrado responsabilidades de actos irregulares en 8,730 funcionarios públicos, de los cuales el 75% son directivos y dentro de ellos están comprendidos 130 titulares de entidades públicas que todavía continúan trabajando en estas instituciones. Es decir, miles posibles corruptos siguen desempeñando altos cargos y muchos de ellos son directivos.
Esto demuestra que la corrupción, que fue el cáncer en los gobiernos anteriores, sigue vivita y coleando. Y que incluso en el régimen del expresidente Pedro Castillo fue uno de los principales problemas del país. Es verdad que la corrupción es un problema muy antiguo que va incluso más allá de la firma del contrato Dreyfus, sobre el guano y el salitre. Pero resulta que todos los políticos que llegaron al poder y se instalaron en Palacio de Gobierno prometieron luchar con todo contra la corrupción y combatirla, arrancarla de raíz, pero hicieron poco o nada por cumplir su palabra.
El caso Odebrecht es emblemático de la corrupción en el Perú -también de otros países de la región, por cierto-, pero hay muchos otros que no se pueden pasar por alto. Millones de peruanos creyeron en las promesas de Pedro Castillo, quien terminó en prisión y con problemas judiciales, situación esta última que es afín a todos los demás expresidentes desde el año 1990.
El mismo contralor Shack señala que cada año se gastan 3 mil millones en consultorías, ese mecanismo mediante el cual ciertos profesionales brindan asesoramiento externo debido a su experiencia especializada, pero que en realidad se ha desnaturalizado, pues muchas veces se emplea como un ardid para justificar pago de favores y beneficios de las camarillas del poder de turno.
Sean las elecciones este año, el 2024 o el 2026, la población debe pensar más su voto para no elegir a candidatos que luego están defraudando no solo a sus electores, sino al Perú como país. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
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