Sin que la mayor parte de ciudadanos lo sepa, acabamos de salvarnos de un golpe de Estado.
La intentona de desnaturalizar el estado de Derecho ha consistido en la pretensión de una juez superior supernumeraria (es decir no de carrera) de impedir que el Congreso renueve -como corresponde a su fuero- la composición del Tribunal Constitucional. Efectivamente el III Juzgado Constitucional Transitorio, presidido por la jueza Soledad Blácido Báez, con rapidez inusitada admitió a trámite la demanda de amparo presentada por el cuestionable abogado Walter Ayala, quien pidió la nulidad de todo lo realizado en el Parlamento y la comisión especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles 7 y jueves 8 de julio y cualquier otro acto parlamentario “que tuviera como finalidad nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.
El pretexto era que supuestamente no se garantizaban las condiciones de justicia en la elección. Pero en realidad se trataba de vulnerar el principio de autonomía de poderes, según el cual el Legislativo no está sometido a mandato imperativo alguno y tampoco puede aceptar condicionamientos en el cumplimiento de sus funciones. Tanto que la Oficina de Control de la Magistratura se ha visto en la obligación de investigar a la jueza.
Se trataba, pues, de un golpe de estado desde adentro o “golpe judicial”, aplicando el modelo mediante el cual el lagarto Martín Vizcarra disolvió el Congreso en septiembre de 2019. Los congresistas, sin embargo, en justo derecho han desacatado democráticamente la cautelar (salvo los del partido morado); y aunque al final no han podido ponerse de acuerdo en la elección de los nuevos tribunos, se ha defendido la independencia de poderes y se ha frenado la intentona subversiva alentada por la izquierda.
Queda en claro que son los caviares y los marxistas quienes una vez más han pretendido imponer su voluntad golpista judicializando la política. La razón es porque no quieren perder el control del sistema judicial, del TC y de la fiscalía.
¿Lo hacen solo por ideología? No. La izquierda quiere imponer sus criterios políticos y tener a jueces, fiscales y congresistas como herramientas para aprobar sus intereses globalistas, su visión “progre” de la sociedad en temas hipersensibles como el aborto, el matrimonio homosexual, etc., y para proseguir su “law fare” o guerra político-judicial contra todos aquellos cuantos consideren oposición a sus intereses. Tales los casos de persecución contra Keiko Fujimori y Alan García.
Afortunadamente tenemos en el actual Parlamento una reserva moral a la que no le importa que la amenacen por inexistente “desacato” y que, por tanto, defiende con valentía la voluntad popular. ¡Bien por ellos, bien por la democracia!
(*) Analista político
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados. – #AlanGarcía #HugoGuerra #KeikoFujimori #WalterAyala #Opinión
