El Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular una acusación constitucional contra Martín Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y Elizabeth Hinostroza por una presunta responsabilidad en hechos de corrupción relacionados a la pandemia de la COVID-19.
El informe de la Comisión de Fiscalización indicó que la acusación es por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Cabe indicar, que el caso será llevado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) donde, de ser encontrado responsable, se le podría imponer una sanción máxima para inhabilitar hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública.
Héctor Ventura señaló que su grupo de trabajo actuó en base a sus atribuciones dadas por el Pleno, además de realizar actos de indagación y actos previos de investigación.
«Que quede claro que nosotros no adelantamos opinión y resoluciones responsabilizando hechos penales o temas constitucionales, sino hacemos una investigación que deriva de un informe final que se remite a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Ministerio Público, para que continúen con las investigaciones penales, si habría responsabilidad», expresó.
«La presente Investigación ha indagado exhaustivamente con una visión basada en la casuística constitucional, administrativa, penal y procesal penal reciente en hechos de presuntas comisiones de delitos de corrupción e infracciones constitucionales de funcionarios y servidores públicos en el aparato estatal», agregó.
Fuente: Andina.
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