La Contraloría General de República evidenció que durante el periodo 2019 se efectuaron pagos por S/ 43 600.00 sin justificación ni sustento documentario en la Municipalidad Distrital de Cupi, a favor de terceros por la prestación de servicios que no fueron ejecutados, afectando la legalidad en la correcta utilización y gestión de los recursos públicos.
Según el Informe de Control Específico N° 035-2020-2-0462-SCE, realizado por la comisión de control del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar, la administración municipal efectuó pagos sin ningún tipo de justificación ni sustento documentario tales como requerimientos del área usuaria, certificaciones presupuestarias, términos de referencia, órdenes de servicio, recibos por honorarios, contratos, conformidades de servicio, entre otros documentos administrativos.
Dicho pago favoreció a cinco personas que no prestaron servicios en la entidad y se realizó mediante desembolsos efectuados a través de 13 cheques por un total de S/ 43 600.00 con cargo a la cuenta corriente N° 0711-007180 registrada en el Banco de la Nación.
Los supuestos servicios por los que se efectuó los pagos fueron: apoyo de elaboración de programación multianual, apoyo de soporte técnico en SIAF GL, asistente de planificación, apoyo en la Oficina de Planificación y Presupuesto, facilitador de presupuesto participativo y mantenimiento de computadoras.
Posterior a ello, el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, quien se desempeñaba a su vez como jefe de Contabilidad, efectuó la devolución de los dichos importes por corresponder a cobros indebidos, para luego ser depositados con formatos T-6 (papeleta de depósito a favor del Tesoro Público).
Sin embargo, el referido hecho transgredió lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, el Decreto Legislativo N° 1441 “Sistema Nacional de Tesorería”, la Directiva de Tesorería
N° 001-2007-EF/77/15 y el Decreto Legislativo n.° 1440 “Sistema Nacional de Presupuesto Público”.
Esta situación, ocasionada por el accionar de los encargados de efectuar las labores de supervisión y control en el proceso de la ejecución de gasto, afectó la legalidad en la correcta utilización y gestión de los recursos públicos. Por ello se determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres personas, de las cuales dos siguen laborando en la entidad.
El informe fue comunicado al titular para el inicio del procedimiento administrativo a los involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad y al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para el inicio de las acciones legales ante las instancias competentes.
