Penas privativas de la libertad de hasta 20 años de prisión pueden aplicarse a los autores intelectuales y ejecutores de la violenta invasión, despojo, minería ilegal, entre otros, realizada en la Unidad Minera Betaspata en noviembre del 2021. Los comuneros de Saqui Totora (Sina, San Antonio de Putina) liderados por Leoncio Díaz y sus asesores, amenazaron y forzaron a los trabajadores a desalojar la unidad minera con la destrucción e incendio de las instalaciones de la empresa Argos-Puka Mani.
Como agravantes del delito consumado están el hecho de utilizar a menores en el socavón de la mina lo cual ya habría ocasionado lamentables accidentes entre ellos; el reiterado impedimento del ingreso a los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas del gobierno regional para la inspección de ley; la zozobra creada en la población junto a la destrucción de la carretera de acceso al pueblo; y la manipulación ilegal de dinamita.
“Estamos muy atemorizados por estos dirigentes que sacaron a los anteriores directivos y nos amenazaron para que apoyemos la invasión de la mina. Aquí no llegan los representantes del Estado y prácticamente no existimos. Queremos que vengan a ayudarnos”, declaró un comunero telefónicamente quien rogó no ser identificado por temor a represalias contra él y su familia. “Nos pueden matar y nadie se entera”, dijo.
La violenta captura de esta mina sucedió el 21 de noviembre del 2021, desde entonces la extracción ilegal del material se ha convertido en una actividad sostenida que perjudica los intereses de la comunidad la misma que ha perdido todos los beneficios que recibía de la empresa y que incluso no recibe nada de los dirigentes invasores quienes son los únicos beneficiados de la explotación. El Estado, tampoco recibe ningún tipo de pago. Cabe indicar, que el delito de minería ilegal, es base para un delito mayor que es el delito de Lavado de Activos, el cual también se estaría configurando, y tiene una pena de hasta 15 años de pena privativa de libertad efectiva.
Se espera una inmediata reacción de las autoridades así como una presencia multisectorial en la comunidad a fin de recuperar el Estado de derecho en un pueblo que padece una situación de terror. En tal sentido, urge la presencia de representantes de instituciones como la Subprefectura jurisdiccional, Defensoría del Menor, Ministerio Público, DREM-GOREL Puno, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Ambiente, y Ministerio del Interior-PNP, entre otras.
