Puno

Quién nos protege de “protestas” infiltradas por terroristas

Con la detención de la “amiga” de Pedro Castillo, con dinero y cuaderno en el cual figura la relación de personas a quienes les ha hecho entrega de determinadas sumas, para que concurran a las “manifestaciones” y, además de diversos videos que se difunden en las redes sociales, actuando de misma manera y objetivo, demuestran que todo estuvo planificado, desde el primer momento en que asumió el cargo la presidenta de la República.

Los Consejos de ministros descentralizados, nombramientos de prefectos y subprefectos, en la mayoría de los casos integrantes de Movadef en diversos lugares del país; reuniones o convocatorias de ronderos y reservistas en palacio de gobierno; declaraciones de ex ministros (“correrá sangre” y “se va a originar una gran convulsión social en nuestro país si vacan a Pedro Castillo”), corroboran que estamos frente a una organización criminal, en la que se han repartido una serie de roles, para llevar a cabo su objetivo: la libertad de Pedro Castillo, cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte y Asamblea Constituyente.

La gran arremetida por parte de delincuentes comunes y terroristas, en contra de Lima, además de haber perpetrado toma de carreteras, aeropuertos, en diversos lugares del país, llegando al extremo de la escasez de combustibles, alimentos, etc., utilizando armas artesanales, hechizos, incendio de locales públicos – Poder Judicial y fiscalías, y privados, asesinatos de policía- mediante fuego, son evidentes actos terroristas, tal como lo precisa el artículo 2 del Decreto Legislativo 25475.

Este delito es sumamente repudiable que merece una pena privativa libertad no menor de 20 años. Es igualmente repudiable ver a conocidos políticos que instigan para que intervengan en estas manifestaciones e inclusive declaran públicamente que se debe actuar de manera violenta para conseguir sus objetivos o cuando concurren, por ejemplo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a prestar ayuda, a quienes se encontraban en flagrante delito de usurpación, para luego declarar que la policía ha cometido abuso al ingresar violentamente, cuando están suspendidas las garantías; e inclusive de acuerdo con el Código Civil, se recurre a la violencia ante una usurpación, para recuperar posesión.

Es necesario que se tenga en consideración que, a los instigadores y cómplices primarios en la comisión de cualquier delito, le corresponde la misma pena que al autor, es decir, ya es tiempo que los instigadores de ahora y de antes, simple y llanamente se les aplique la ley, además de que la utilización de bombardas, artefactos pirotécnicos es delito, inclusive su uso merece una pena de hasta 15 años.

Debemos proteger a la policía, que también tiene derechos humanos y que algunas autoridades lo denuncian so pretexto de proteger a los “pobrecitos terroristas”, sin tener en cuenta la existencia de Decretos Legislativo y leyes que los libera de responsabilidad penal. Son más de 600 policías heridos y 100 de ellos lisiados de por vida.

(*) Ex decano del Colegio de Abogados de Lima

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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