Luego de detectar que estuvieron involucradas en diversos delitos y actos de corrupción, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) inhabilitó a 6,655 personas para trabajar en cualquier entidad pública.
De ese total, 3,953 fueron inhabilitados por delitos contra la administración pública y los otros 2,702 por delitos establecidos en la Ley 29988, donde se establecen medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.
Entre los delitos penales en los que incurrieron los inhabilitados se encuentran colusión simple y agravada, peculado doloso, culposo y de uso, malversación; en tanto que respecto de las inhabilitaciones están: privación de la función, cargo o comisión que se ejerza el condenado (así provenga de una elección popular), entre otros, que inhabilitan para el ejercicio de la función pública y cuya inscripción de la condena es obligatoria.
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